domingo, 27 de octubre de 2013

Banc Nacional de Catalunya

La relación de Catalunya con las entidades financieras no es precisamente una historia de éxito. En 1912 quebró el Banco de Barcelona, en 1920 el Banc de Terrassa, el Banc de Catalunya en 1931 o la más reciente quiebra de la Banca Catalana en 1982.

De hecho tras la guerra civil, la potencia financiera catalana ha estado liderada por las cajas de ahorro, vinculadas tradicionalmente al ahorro popular y en especial a La Caixa, la cual ha ido absorbiendo a múltiples cajas locales durante estos últimos años, Caixa de Barcelona y Monte de Piedad, Caixa Girona, etc.

Las cajas de ahorro, por otra parte, han actuado en estos últimos 35 años como una verdadera banca pública mediante la prestación de financiación a múltiples proyectos vinculados con las administraciones locales y autonómicas, no solo en Catalunya sino también en el resto del estado español, y financiando a pequeños comerciantes, autónomos y pymes en general a los que la banca no llegaba debido a los costes de ineficiencia propios de este tipo de negocio minorista.

La burbuja inmobiliaria provocó el colapso financiero de la, denominésmosla así, banca pública autonómica, reduciendo el número y tamaño de estas entidades y concentrándose, en el caso catalán a dos entidades, La Caixa y el Banc de Sabadell, las que han salido medianamente bien libradas del proceso reestructurador del sector financiero catalán, eso si, a cargo de las espaldas (por el momento) del contribuyente.

Ahora el Parlament de Catalunya ha pedido que el Institut Català de Finances, entidad de derecho público que proporciona financiación a autónomos y a Pymes, pueda acceder a la ficha bancaria que lo convierta en una entidad de crédito. El motivo aducido es que, mediante tal conversión tendrá un acceso más directo a los mercados internacionales y podrá facilitar la financiación necesaria al tejido industrial catalán.

En primer lugar, esa función ya viene siendo ejercida por el ICO, que mediante las líneas de crédito aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado y mediante su distribución a través de la red comercial bancaria existente, facilita la financiación a aquellos proyectos que las entidades financieras aceptan en función del riesgo asumido por cada entidad. La línea de crédito es estatal pero el riesgo es de la entidad financiera. En esta distribución no parece que haya intereses políticos, sino tan sólo económicos de asunción de riesgo por parte de las entidades que facilitan las líneas de crédito.

En segundo lugar, la conversión del ICF en entidad de crédito no hará que por arte de magia pase a obtener financiación en los mercados internacionales, su situación no variará respecto a la actual, ligada a su actual rating de "bono basura" y ligada también al rating de la Generalitat de Catalunya, sólo un peldaño por encima del ICF. En cualquier caso, la financiación obtenida, de lograrse, estaría claramente por encima de la que se podría obtener por los canales actuales, puesto que el premium sobre el bono español sería directamente proporcional al riesgo del emisor y en línea con los tipos high yield del mercado.

La financiación que pueda suministrar al mercado, por lo tanto, o bien surgirá de los Presupuestos de la Generalitat (en el caso de que se consigan por fin aprobar), por lo que la financiación a las Pymes saldrá de los impuestos de los ciudadanos, o bien del mercado, en ese caso y al precio que tendrá que pagar para conseguirlo dado su rating, los tipos tendrán que venir primados (para ser competitivos), es decir, de nuevo con cargo a nuestros impuestos.

En tercer lugar, las autoridades monetarias, española y europea, vistos los precedentes de las bancas públicas de las CCAA españolas, las cajas de ahorro, pueden objetar serios reparos al aumentar el riesgo país debido a que las emisiones de este banco deberán ser respaldadas por los correspondientes gobiernos, autónomo y central.

En cuarto lugar, el actual sector bancario puede oponerse a la entrada de un nuevo banco de carácter público que les haga la competencia gracias a los impuestos de todos nosotros, además durante este proceso habrán tenido que absorber buena parte de los restos del sector público autonómico quebrado y no es probable que estén a gusto viendo como de nuevo aparece un competidor auspiciado por el propio estado.

En quinto lugar, la supervisión que se ha realizado de las entidades financieras autonómicas no ha sido especialmente brillante, por lo que, en todo caso, la entidad que pudiera crearse, debería estar sometida a un férreo control por parte del Banco de España y del BCE, lo que probablemente impedirá el objetivo que se  pretende.

En suma, no parece que pueda alcanzarse ese deseo de que haya una mayor financiación de las empresas con la creación de un banco público. La necesidad de que el crédito finalmente fluya a las empresas es, obviamente, del todo necesaria, pero no parece que volver a crear un banco público, uno de las causas de la actual situación financiera en España, sea la solución óptima.


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