lunes, 15 de marzo de 2010

Eléctricas

La reciente gran nevada en Catalunya ha dejado como herencia un impresionante malestar sobre políticos y compañías eléctricas. ¿Cómo podemos asignar adecuadamente las responsabilidades de lo sucedido? ¿Quién es, en última instancia, el culpable de que durante más de seis días una población de más de 200.000 personas haya estado sin luz eléctrica? Nuestro Estado, en línea con los otros países de nuestro entorno, ha ido progresivamente dejando en manos del mercado la regulación de la oferta y la demanda de bienes y servicios, que en otros tiempos eran considerados básicos y de primera necesidad. En estos días se han oído voces reclamando la "nacionalización" de la industria eléctrica. Ante todo dudar que una gestión pública mejorase la actuación de las empresas privadas en una situación tan extrema como la vivida, aunque sea del todo comprensible que busquemos responsables hasta debajo de las piedras para cargar con todo lo que ha pasado.
Hay que entender que las empresas y en este caso las eléctricas, monten las infraestructuras necesarias para proveer de su producto en función de unos márgenes racionales de probabilidad; hay sucesos que no se pueden prever y si se quieren prever, son excesivamente costosos para una probabilidad tan pequeña de que sucedan. Lo que hay que tener previsto es que, si suceden, existan protocolos de actuación, que las autoridades los supervisen y vean su razonabilidad. Nadie espera que una catástrofe de esta magnitud se solucione por arte de magia, pero sí que se articulen los mecanismos necesarios para solucionar los antes posible el incidente y tener a la gente informada de lo que sucede y de los esfuerzos que se están utilizando para realizarlo. Los políticos no tienen la culpa de lo sucedido ni las eléctricas tampoco, pero si que son ambos responsables de gestionar, cada uno en su ámbito, que la solución sea eficiente y efectiva. De lo que sí son responsables los políticos es de su visión a corto plazo y de no prever las consecuencias de ciertas medidas "populistas" como no facilitar el desarrollo de la MAT.

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